Señaló que el Gobierno busca dilatar la solicitud del Gobierno brasileño hasta que el pedido de salvoconducto pierda el interés mediático, con la única finalidad de mostrar a la comunidad internacional de que en el país no existe persecución política como denunció Pinto, quien afronta 20 proceso penales.

“Las relaciones con Brasil pasan por el orden económico y de integración, un incidente político diplomático podría enfriar las relaciones políticas (por un tiempo), en realidad creo que la entrega del salvoconducto va a demorar muchos días más, como una forma de dar un mensaje a el país en sentido de que no va a ceder” manifestó Cordero.

En ese marco, recomendó otorgar el salvoconducto al legislador opositor, bajo el riesgo de que una vez que salga del país pueda contar a la comunidad internacional sobre los procesos políticos que le instauró el Gobierno.

“Lo aconsejable es cerrar el conflicto entregándole el salvoconducto, pero si se lo entrega, el señor Pinto va aprovechar inmediatamente para desde el Brasil dar explicaciones de su situación, por lo tanto al Gobierno como política  interna le conviene tenerlo en la delegación diplomática durante un tiempo más hasta que realmente se enfríe este tema y no lo perjudique”, señaló.

En la oportunidad mencionó otro caso similar que fue dilatado por el Gobierno como es la situación del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández recluido en el penal de San Pedro desde septiembre del 2008 acusado por los enfrentamientos en el Porvenir.

El 28 de mayo de 2012, el senador Pinto se refugió en la Embajada del Brasil pidiendo asilo político, tras denunciar que el Gobierno del presidente Evo Morales le inició 20 procesos penales en su contra por denunciar casos de corrupción y supuestos nexos de narcotráfico que implicaría a funcionarios públicos. El viernes 8 de junio la Cancillería del Brasil oficializó el asilo político a favor del legislador pandino.

Los procesos penales instaurados en contra de Pinto son por el supuesto delito de daño al Estado en la Zona Franca de Pando, por este caso existe un mandamiento de aprehensión. Cinco casos son por delitos forestales. Otros cuatro procesos son por el delito de desacato, iniciados por el vicepresidente, Álvaro García Linera, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, el fiscal del caso Terrorismo Marcelo Soza. Otro juicio es por presunto asesinato en el caso de la masacre de Porvenir (Pando), además de otros. /ANF